Sentencia Corte Suprema
Santiago, nueve de julio del año dos mil tres.
Vistos:
En estos autos rol Nº 4713-01 el contribuyente don Rodrigo Cataldo Arancibia dedujo recurso de casación en la forma contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmatoria de la primera instancia, del Juez Tributario de la misma ciudad, que rechazó la reclamación, confirmando las liquidaciones números 561 a 576, de 25 de marzo de 1994, por Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de Primera Categoría y Global Complementario, por el uso de facturas irregulares y facturas faltantes, sin acreditar la efectividad de las operaciones.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
1º) Que el recurso de casación se funda en la causal del Nº 1 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por haber sido la sentencia de segunda instancia pronunciada por un tribunal incompetente. Señala que el fallo de primera instancia emanado de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, se encuentra suscrito por don Carlos Martínez Concha, quien falla en su calidad de juez tributario, cargo inexistente en la propia planta de funcionarios del instituto fiscalizador;
2º) Que el recurso añade que la absoluta falta de jurisdicción del funcionario indicado queda al descubierto de la lectura de los artículos 6º letra B Nº 6 y 115 del Código Tributario, que prescriben que a los Directores Regionales del Servicio les corresponde resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes y que dichos funcionarios conocerán en primera o en única instancia según proceda, de las reclamaciones deducidas por los contribuyentes. Tratándose de una facultad jurisdiccional contenida en una norma de orden público y no de un mero acto administrativo, en virtud de la delegación de jurisdicción a un funcionario ajeno a la potestad jurisdiccional de parte del Director Regional del Servicio, se están infringiendo normas de rango constitucional y el principio de la separación de los poderes públicos;
3º) Que el recurrente agrega que no obstante que los artículos 6 letra B) Nº 7 y 116 del Código Tributario y 20 de la Ley Orgánica del Servicio facultan a los respectivos Directores Regionales para delegar el conocimiento y fallo de reclamaciones interpuestas por los contribuyentes, dicha delegación sólo es válida respecto de los diferentes Directores Regionales (norma delegatoria previa a la dictación de la Constitución Política de 1980), las posteriores delegaciones a funcionarios subalternos por simples resoluciones son inconstitucionales porque en el fondo se han estado creando, por medio de actos administrativos de Impuestos Internos, diferentes tribunales de primera instancia, situación inconstitucional;
4º) Que para entrar a analizar la casación, hay que examinar el texto de la norma que establece la causal invocada. El artículo 768 del Código de Procedimiento Civil dispone que El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 1En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley;
En primer término hay que consignar que las alegaciones en las que se basa la causal, fueron únicamente planteadas de modo concreto en la casación de que se trata, no habiendo formado parte de la discusión jurídica ante los jueces del fondo, los que, por tal motivo, no han podido estar en condiciones de violentar la ley;
5º) Que la segunda reflexión que cabe es que el tribunal incompetente ha de ser, lógicamente, la Corte de Apelaciones de cuya sentencia se recurre. En la especie, se parte manifestando que la Corte que conoció del asunto carece de competencia, para acabar fijándose las alegaciones en la sentencia de primera instancia y en las actuaciones del juez de primer grado, lo que es impropio, pues lo obrado en primer grado no constituye la causal invocada, conforme ya se anotó.
La Corte de Apelaciones, que dicta la sentencia que puede ser objeto de casación ante esta Corte Suprema, es el Tribunal llamado en forma natural para conocer en segundo grado de las reclamaciones tributarias, pues así lo dispone en forma expresa el artículo 141 del Código Tributario, según el cual De las apelaciones que se deduzcan de acuerdo con este título, conocerá la Corte de Apelaciones que tenga competencia en el territorio de la Dirección Regional que dictó la resolución apelada;
6º) Que, finalmente, es útil destacar, en lo tocante a la supuesta inconstitucionalidad de lo que se denomina delegación de jurisdicción, con lo que se infringirían normas de la Carta Fundamental, que ella no es una materia que corresponda ser ventilada por la presente vía, sino que lo que procede es formular un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al tenor del artículo 80 de la Constitución Política de la República;
7º) Que, por todas las razones anteriormente expuestas, no resulta conducente acoger el recurso interpuesto.
De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 768 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casación en la forma, deducido en lo principal de la presentación de fs.285, contra la sentencia de veinticinco de octubre del año dos mil uno, escrita a fs.284.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Yurac.
Rol Nº 4.713-2001.
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac, Sr. Humberto Espejo, Srta. María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún.
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